La querella, sometida a través del abogado Miguel E. Valerio, se fundamenta en la supuesta divulgación reiterada de expresiones ultrajantes, acusaciones falsas de vínculos con el narcotráfico, y amenazas públicas de difundir un video íntimo de la funcionaria.
Según el documento, estas declaraciones habrían sido realizadas en televisión, transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales.
Entre las piezas probatorias figuran cuatro enlaces a videos publicados en Instagram y YouTube, donde supuestamente se recogen las declaraciones de Jorge.
El documento establece que estas expresiones afectan la dignidad de Raful y constituyen delitos tipificados por la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en sus artículos 21 y 22.
En el escrito, el equipo legal de Raful afirma que las afirmaciones de Jorge fueron emitidas "sin muestra del más mínimo remordimiento o arrepentimiento" y que su conducta fue persistente, pública y deliberada.
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