La decisión, que había sido previamente anunciada por el mandatario, se produce como un espaldarazo del gobierno central a los esfuerzos de la Procuraduría General de la República en tutelar la integridad y dignidad de las personas privadas de libertad, reduciendo las consecuencias negativas de su estado y procurando su reinserción social en provecho de la nación.
Tal y como había comunicado previamente el mandatario, la comisión estará conformada por el Dr. Jorge A. Subero Isa, quien la presidirá, así como por el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, el defensor del Pueblo, y los decanos de las facultades de ingeniería de distintas universidades del país, tales como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Universidad Iberoamericana (Unibe).
Como se puede verificar en el primer artículo del decreto, la comisión tendrá entre otras funciones, la colaboración con las autoridades correspondientes para la culminación de los trámites legales, administrativos y logísticos necesarios para la habilitación del nuevo recinto penitenciario “Las Parras”, la adecuación de la infraestructura rescatable de la penitenciaría nacional de La Victoria y otras tareas específicas que le sean asignadas por la Presidencia de la República.
En la motivación del decreto, el presidente expresó que “el Gobierno pondera la importancia de la adopción de medidas tendentes a mejorar la calidad de vida de los internos que guardan prisión en las cárceles del país, lo que requiere un esfuerzo integrado de diversos actores sociales y estatales que permitan un verdadero cambio de paradigma en el sistema penitenciario, como se desprende de los compromisos asumidos en nuestro sistema jurídico”.
En tal sentido, la comisión conformada está llamada a fortalecer los esfuerzos ya desplegados desde la Procuraduría General de la República, en coordinación y colaboración con esta, en especial en lo relativo a la adecuación de los distintos centros penitenciarios, de forma tal que en los mismos existan las condiciones para la corrección, reeducación y reinserción en la sociedad de las personas privadas de libertad.
Las comisiones presidenciales o interministeriales son una herramienta diseñada por el legislador en el artículo 36 de la Ley núm. 247-12, orgánica de la Administración Pública, mediante la cual el presidente de la República puede crear equipos de trabajo que integran funcionarios públicos y personas especializadas, para el examen y consideración de los asuntos a los que refiera el decreto de su creación.
En el caso particular de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, estará adscrita administrativamente al Ministerio de la Presidencia y la participación de sus miembros se ejercerá a título honorifico.
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